Los errores de Hacienda en inspecciones no provocan automáticamente la nulidad de una liquidación. El Tribunal Supremo ha precisado cuándo un defecto cometido durante el procedimiento es suficientemente grave para invalidar la actuación administrativa y cuándo, por el contrario, debe mantenerse porque no ha perjudicado realmente al contribuyente.
La Sentencia del Tribunal Supremo 491/2026, de 22 de abril, analiza una inspección en la que Hacienda no citó formalmente al obligado tributario para la firma de las actas. El defecto existió, pero el Supremo considera que, dadas las circunstancias del caso, no produjo una lesión esencial de sus derechos y garantías.
La resolución aborda además una segunda cuestión de interés: cómo puede calcular Hacienda el rendimiento neto en IRPF cuando una misma persona desarrolla varias actividades económicas.
Son dos cuestiones jurídicas diferentes que conviene analizar por separado. La primera afecta a las consecuencias que tienen los defectos de forma dentro de un procedimiento inspector. La segunda se refiere a la metodología utilizada para determinar el rendimiento de varias actividades económicas.
El caso analizado por el Tribunal Supremo
El procedimiento afectaba a un contribuyente de la Comunidad Valenciana que desarrollaba varias actividades económicas en un mismo establecimiento.
La principal era la explotación de un estanco, pero también realizaba venta de libros, periódicos y revistas y actuaba como expendedor no oficial de apuestas.
La Inspección inició actuaciones respecto del IRPF y del IVA correspondientes a varios ejercicios y terminó practicando las correspondientes liquidaciones.
El contribuyente cuestionó la actuación administrativa por dos motivos principales.
Por un lado, no había sido formalmente emplazado para la firma de las actas tributarias. Entendía que la omisión afectaba a un trámite esencial y que, por tanto, las actuaciones debían declararse nulas.
Por otro, discutía la metodología utilizada para determinar el rendimiento de sus actividades económicas, porque la Inspección había agrupado ingresos y gastos en lugar de calcular de forma independiente el rendimiento correspondiente a cada actividad.
Ambas cuestiones terminaron llegando al Tribunal Supremo.
Primera cuestión: cuándo un defecto de forma puede anular una inspección
Un error de procedimiento no significa necesariamente nulidad
La primera conclusión de la sentencia es especialmente relevante en cualquier procedimiento de inspección tributaria.
El Tribunal Supremo confirma que no haber citado al contribuyente para la firma del acta constituye una irregularidad, pero rechaza que esa circunstancia determine automáticamente la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado.
La razón está en las consecuencias reales que produjo la omisión.
En el caso examinado se había extendido un acta de disconformidad, posteriormente trasladada al interesado. Además, el contribuyente había participado en el procedimiento y había podido manifestar su oposición a la regularización.
Por tanto, el defecto formal no le había impedido conocer la posición de Hacienda ni defender sus intereses.
El Supremo considera que, en esas circunstancias, no existía una lesión esencial de sus derechos y garantías capaz de justificar la nulidad de pleno derecho.
Nulidad de pleno derecho y anulabilidad: no son lo mismo
Para entender la importancia de la sentencia hay que distinguir entre dos conceptos que muchas veces se utilizan indistintamente: nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
La nulidad de pleno derecho queda reservada para las infracciones más graves.
En materia tributaria, el artículo 217 de la Ley General Tributaria contempla, entre otros supuestos, los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
El listón es, por tanto, elevado.
No basta con identificar cualquier incumplimiento de una norma procedimental para concluir que todo el procedimiento es nulo.
La jurisprudencia viene exigiendo valorar la entidad de la infracción, sus consecuencias y la posible indefensión ocasionada al interesado.
La anulabilidad ocupa un terreno diferente. Un acto administrativo puede ser contrario al ordenamiento sin alcanzar la gravedad excepcional necesaria para considerarlo nulo de pleno derecho.
Esta distinción resulta fundamental al plantear cualquier recurso frente a Hacienda: detectar un defecto no es suficiente; hay que determinar qué consecuencia jurídica produce ese defecto.
La clave está en la indefensión material
Aquí aparece probablemente el concepto más importante de esta primera parte de la sentencia: la indefensión material.
No debe confundirse una irregularidad formal con una verdadera imposibilidad de defensa.
La cuestión que debe analizarse es qué consecuencias tuvo realmente el incumplimiento para el contribuyente.
¿Pudo conocer la regularización? ¿Tuvo acceso a las actuaciones? ¿Pudo presentar alegaciones? ¿Pudo aportar pruebas? ¿Habría podido cambiar su posición procesal o el resultado del procedimiento si Hacienda hubiese realizado correctamente el trámite?
Estas preguntas son mucho más relevantes que la simple constatación de que existió una irregularidad.
Una omisión procedimental adquiere verdadera trascendencia cuando priva al contribuyente de posibilidades reales de defensa.
El derecho de defensa sigue siendo un límite para Hacienda
La sentencia no significa que las formalidades del procedimiento hayan dejado de ser importantes.
Tampoco concede a Hacienda libertad para incumplir las reglas procedimentales mientras la cantidad liquidada sea correcta.
Las normas de procedimiento existen, entre otras razones, para proteger los derechos del obligado tributario. Un trámite de audiencia, la posibilidad de formular alegaciones o el conocimiento adecuado de aquello que se está regularizando no son simples formalidades.
Si una irregularidad impide al contribuyente aportar una prueba relevante, formular alegaciones, conocer correctamente la actuación administrativa o ejercer alguna garantía esencial, sus consecuencias jurídicas pueden ser completamente diferentes.
Por eso, ante los errores de Hacienda en inspecciones, el análisis debe hacerse caso por caso.
No basta con preguntar si Hacienda incumplió un trámite. Hay que determinar qué derecho se vio afectado y qué posibilidades reales de defensa perdió el contribuyente como consecuencia de ese incumplimiento.
El principio de conservación de los actos administrativos
Esta interpretación se relaciona con otro principio importante del Derecho administrativo: el principio de conservación de los actos y trámites.
Su finalidad es evitar que una irregularidad concreta provoque la desaparición de actuaciones cuyo contenido habría permanecido exactamente igual aunque aquella infracción no se hubiera cometido.
El artículo 51 de la Ley 39/2015 recoge precisamente la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se habría mantenido igual de no haberse producido la infracción.
Esta lógica también está presente en el ámbito tributario.
No se trata de considerar irrelevantes las normas procedimentales, sino de aplicar al defecto cometido la consecuencia jurídica que realmente le corresponde.
¿Prevalece entonces el fondo sobre la forma?
Afirmar simplemente que “el fondo prevalece sobre la forma” sería una conclusión demasiado amplia.
Las formas tienen importancia precisamente porque muchas de ellas constituyen garantías para el ciudadano.
Lo correcto es distinguir entre la existencia de un defecto formal y la trascendencia jurídica de ese defecto.
Si el incumplimiento afecta realmente al derecho de defensa o a una garantía esencial, puede comprometer la validez de la actuación administrativa.
Si existe una irregularidad, pero el contribuyente ha podido ejercer plenamente sus derechos y la omisión no habría modificado su posición ni el contenido final de la actuación, no necesariamente procede declarar la nulidad de pleno derecho.
Ese es el equilibrio que refleja esta primera parte de la STS 491/2026.
Segunda cuestión: cómo calcular el rendimiento cuando existen varias actividades económicas
Esta segunda cuestión debe diferenciarse claramente de la anterior.
Aquí ya no estamos hablando de defectos de procedimiento, nulidad o indefensión.
El problema es estrictamente tributario: determinar cómo debe calcularse el rendimiento neto en el IRPF cuando un mismo contribuyente desarrolla varias actividades económicas.
La regla general es calcular cada actividad por separado
El contribuyente desarrollaba tres actividades: estanco, venta de publicaciones y apuestas.
El Tribunal Supremo parte de que la regla general es la determinación separada del rendimiento neto correspondiente a cada actividad económica.
Cada actividad tiene sus ingresos y gastos y, como principio, debe calcularse individualmente.
Sin embargo, en el supuesto examinado la Inspección había realizado un cálculo conjunto.
La razón era que buena parte de los ingresos y gastos habían sido declarados dentro de la actividad principal y existían gastos comunes a las diferentes actividades.
Separarlos habría obligado a distribuir determinados costes para después sumar nuevamente los rendimientos obtenidos.
Según la Inspección, realizar las operaciones separadamente habría conducido exactamente al mismo resultado final.
El cálculo conjunto puede admitirse, pero no libremente
El Tribunal Supremo mantiene el cálculo separado como regla general, pero admite que en determinadas circunstancias pueda utilizarse un cálculo conjunto.
Para ello existe una condición fundamental: el resultado debe ser el mismo que se habría obtenido realizando correctamente el cálculo de forma separada.
Además, Hacienda debe justificarlo.
No puede agrupar varias actividades simplemente porque resulte más sencillo para la Inspección.
La Administración tiene que explicar las circunstancias que permiten realizar el cálculo conjuntamente y justificar que la metodología empleada no altera el rendimiento neto que legalmente corresponde al contribuyente.
En el caso analizado, tampoco se acreditó que el método utilizado por Hacienda hubiera producido un resultado económico diferente.
Por ello, el Supremo mantuvo la regularización en este punto.
La motivación de Hacienda es fundamental
Esta exigencia de motivación tiene una importancia práctica considerable.
Si Hacienda utiliza una metodología diferente de la regla general, el contribuyente debe poder comprender por qué se ha utilizado y comprobar si realmente conduce al mismo resultado.
No basta con afirmar que las dos formas de cálculo son equivalentes.
La Inspección debe justificar esa equivalencia de manera que pueda ser comprobada por el interesado y, posteriormente, por los órganos económico-administrativos o judiciales que revisen la liquidación.
Por tanto, la sentencia no establece que Hacienda pueda mezclar libremente ingresos y gastos correspondientes a diferentes actividades.
Establece algo más limitado: puede admitirse excepcionalmente un cálculo conjunto cuando esté justificado y produzca el mismo resultado que el cálculo separado exigido como regla general.
Dos doctrinas diferentes dentro de una misma sentencia
Este punto resulta esencial para interpretar correctamente la STS 491/2026.
La sentencia resuelve dos problemas independientes.
El primero es procedimental:
¿La falta de emplazamiento para la firma de las actas provoca necesariamente la nulidad de la inspección?
El Supremo responde que no necesariamente. Habrá que analizar la trascendencia del incumplimiento y si ha existido una verdadera lesión de los derechos y garantías del contribuyente.
El segundo es material:
¿Debe calcularse siempre por separado el rendimiento de cada actividad económica?
La regla general es que sí, pero puede admitirse excepcionalmente un cálculo conjunto cuando Hacienda justifique que conduce exactamente al mismo resultado.
Por tanto, no debe utilizarse el argumento de la “indefensión material” para explicar la segunda cuestión ni la equivalencia del resultado económico para justificar la primera.
Cada doctrina tiene su propio fundamento jurídico y debe aplicarse en su ámbito.
Qué cambia en la práctica ante una inspección de Hacienda
La sentencia deja una enseñanza especialmente útil para la defensa frente a una regularización tributaria.
Cuando Hacienda comete un defecto procedimental, no debería limitarse el recurso a señalar que el error existe.
Será necesario explicar qué consecuencia concreta produjo.
Qué trámite se omitió, qué derecho protegía ese trámite, qué habría podido hacer el contribuyente si se hubiera respetado y qué posibilidad real de defensa perdió.
Cuanto mayor sea la conexión entre el defecto y una verdadera indefensión, mayor será su relevancia jurídica.
Cuando el problema se encuentre, en cambio, en la metodología utilizada para calcular una deuda tributaria, el análisis será diferente.
Habrá que comprobar cuál es la regla legal aplicable, por qué Hacienda se ha apartado de ella, si ha motivado suficientemente su decisión y, sobre todo, si el método utilizado conduce realmente al mismo resultado.
Son dos vías de defensa distintas y esta sentencia ayuda precisamente a delimitar cada una.
Conclusión
La Sentencia del Tribunal Supremo 491/2026, de 22 de abril, no concede a Hacienda una autorización general para cometer errores durante una inspección.
Lo que establece es que no cualquier defecto formal tiene entidad suficiente para provocar la nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento.
Cuando exista una irregularidad habrá que estudiar su trascendencia real. Si ha privado al contribuyente de una garantía esencial o le ha ocasionado una verdadera indefensión, podrá afectar a la validez de la actuación. Si el interesado ha podido conocer la regularización y ejercer adecuadamente su defensa, la existencia del defecto no determina por sí sola la nulidad absoluta.
Separadamente, el Supremo aborda el cálculo del rendimiento cuando existen varias actividades económicas.
En este segundo ámbito mantiene el cálculo individual como regla general, aunque permite excepcionalmente una determinación conjunta cuando Hacienda motive suficientemente su utilización y pueda acreditarse que el resultado es exactamente el mismo.
La importancia de la sentencia está precisamente en no confundir ambas conclusiones.
Una trata sobre procedimiento, garantías e indefensión. La otra, sobre la correcta determinación del rendimiento de las actividades económicas.
En ambos casos el Tribunal Supremo evita soluciones automáticas y exige analizar las consecuencias reales de la actuación administrativa.
Referencia jurisprudencial
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia 491/2026, de 22 de abril de 2026. Recurso de casación 178/2024. ECLI:ES:TS:2026:1747.